Desde la IUSY rechazamos la reforma de la Ley de Tierras Rurales y a la extranjerización sin límites reales del territorio nacional argentino.
CONSIDERANDO:
Que el Poder Ejecutivo Nacional impulsa, dentro del Capítulo III del proyecto de "Ley de
Inviolabilidad de la Propiedad Privada", la reforma de la Ley N° 26.737 de Régimen de
Protección al Dominio Nacional sobre las Tierras Rurales, habilitando la adquisición de tierras productivas por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras sin los resguardos vigentes desde 2011;
Que el proyecto original eliminaba directamente el límite del 15% a la titularidad extranjera de
tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal, dejando como único resguardo que el comprador no tuviera vinculación con un gobierno extranjero, sin prever ningún tope a la
acumulación de tierras productivas ni de fuentes de agua dulce en manos de capitales privados extranjeros;
Que, ante la falta de apoyos parlamentarios y el rechazo social creciente, el oficialismo negocia actualmente una concesión que eleva el límite vigente del 15% al 25% del territorio de cada provincia, concesión que no modifica el fondo del proyecto sino que busca únicamente asegurar los votos necesarios para su aprobación en la sesión prevista en el Senado de la Nación para el 6 de agosto de 2026;
Que, según datos oficiales del Registro Nacional de Tierras Rurales, provincias como Salta( 11,31%), Misiones (11,29%) y San Juan (10,36%) ya se encuentran cerca del límite vigente del 15%, y que a nivel de departamentos la concentración extranjera alcanza niveles alarmantes, como San Carlos y Molinos en Salta (59,82% y 57,79% de su superficie) o Lácar en Neuquén
(54,17%), lo que demuestra que elevar el tope al 25% profundizaría procesos de extranjerización ya críticos en regiones con recursos hídricos y forestales estratégicos;
Que el mensaje que acompaña al proyecto de ley invoca los artículos 20 y 25 de la Constitución Nacional para fundamentar la apertura de la propiedad extranjera, forzando una lectura de dichas normas, pensadas para garantizar derechos civiles a las personas extranjeras que habitan el país y fomentar su radicación productiva, y transformándolas en habilitación para la acumulación patrimonial de tierras y aguas por parte de capitales foráneos, sin prever ningún límite a dicha concentración;
Que esta reforma prioriza la atracción de inversión extranjera y la desregulación del mercado de tierras por sobre el interés del desarrollo integral y soberano del pueblo argentino, subordinando el control sobre recursos naturales no renovables, como la tierra productiva y el agua dulce, a una lógica de rentabilidad de corto plazo ajena a las necesidades de las comunidades locales;
Cómo organización internacional defendemos la justicia social, ambiental y climática, que implica directamente el ejercicio
de soberanía sobre el territorio y los recursos naturales estratégicos, constituye un principio
irrenunciable de las juventudes socialistas;
RESUELVE:
1. Rechazar la aprobación de la reforma a la Ley N° 26.737 de Tierras Rurales incluida en el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, tanto en su redacción original como en la propuesta de elevar del 15% al 25% el límite a la titularidad extranjera.
2. Alertar sobre el riesgo de acumulación de tierras productivas y de fuentes de agua dulce en manos de capitales extranjeros, en particular en las provincias y departamentos que ya presentan altos niveles de extranjerización.
3. Denunciar la interpretación forzada de los artículos 20 y 25 de la Constitución Nacional que pretende fundamentar la desregulación del régimen de tierras sin prever límites a la concentración extranjera.
4. Reafirmar que los recursos naturales estratégicos son un bien común del pueblo argentino y deben estar subordinados al interés del desarrollo nacional integral, y no a la rentabilidad de intereses económicos privados y extranjeros.
5. Convocar a las organizaciones miembro de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas (IUSY), a los movimientos sociales y a las juventudes organizadas a expresar su solidaridad con el pueblo argentino, movilizarse y visibilizar el rechazo a esta reforma en el marco del tratamiento previsto en el Senado de la Nación.
